64/2,975
¿Que se hace cuando lo abismal es insuficiente
y las diferencias irreconciliables?
A un año de que los huracanes Irma y María hicieran estragos en Puerto Rico se sigue especulando sobre la magnitud de su impacto. Un parámetro común que se utiliza para estimar la severidad de los desastres naturales es el número de muertes asociadas a los fenómenos. Asunto que ha sido motivo de una controversia que se ha venido atendiendo desde entonces.
Hasta hace unos días la cifra oficial sostenida por el Estado era de 64 muertes; con inmenso desconcierto y gran esfuerzo de los medios de comunicación y las organizaciones profesionales, se subió de los 16 con que comenzó la historia del evento. Desde un principio el dato comenzó a tener una disonancia extraordinaria con la experiencia que se vivió y el modo que entra en pugna con lo más elemental del sentido común desde que se desató el asunto.
El disparidad de la cifra oficial acaparó la atención cuando, en diciembre, el New York Times llamaba la atención a la diferencia que reportaban las estadísticas vitales, las cuales, en 40 días indicaban 1,052 más muertes que en el mismo periodo en el año previo. Cifra que coincidió con los estimado del Centro de Periodismo Investigativo de PR, que atendió las perdidas en hogares de cuido y salas de emergencia. La prestigiosa revista New England Journal of Medicine, el la que utilizando un método de entrevistas y proyección que llevase a cabo la Universidad de Harvard, extrapolaron un estimado de 4,600 muertes, una tercera parte de ellas por acceso limitado a servicios de salud.
Estima Irwin Redlenes, director del Columbia Center for Disaster Preparedeness informa que el conteo de las muertes corresponde a tres etapas: en la primera se contabilizan las pérdidas de vida por el impacto directo del huracán: los ahogados, electrocutados, golpeados del débris o por sepsis infecciosa. La segunda etapa incluye las perdidas por las fallas de la energía eléctrica de aquellos necesitados de respiradores o diálisis; también incluye las condiciones cardiacas, diabetes y asma que no tuvieron acceso a servicios médicos. La tercera etapa se asocia con la escasez y dificultad consecuente de atención medica y el mantenimiento requerido ante las fallas de servicio eléctrico.
En tiempos recientes el Milken Institute de la Universidad George Washington fue comisionado por el Gobierno para investigar las muertes por el huracán y rindió su informe, reportando 2,975 muertes y comentando además sobre algunas otras condiciones que agravaron un cuadro de por sí catastrófico. Encontraron que cuando llegaron los huracanes no existía en el gobierno un plan de comunicación en caso de emergencia, el plan del Departamento de Salud estaba obsoleto y apenas podía atender un huracán de categoría 1, y que los comunicadores del estado no estaban entrenados para estas emergencias, donde también había más empleados en ese departamento en funciones de la prensa que en seguridad. Además, en el Departamento de Seguridad Pública no se habían actualizado ni integrado planes de emergencia.
De acuerdo con los datos recientes, sin que el conteo haya terminado, se afirma que el azote de los huracanes ha sido uno de los desastres naturales más letales en la historia de los Estados Unidos, con 40% de más muertes que en Katrina y en número similar a las perdidas en el ataque del 9/11 a las torres gemelas.
La respuesta que han dado La Casa Blanca y el Congreso a nuestra situación es asunto público y está a la vista de todo el que le interese. En ello radican profundas contradicciones entre lo que se dice, lo que se pretende decir y lo que nos toca a nosotros vivir. No es abismal que por un año la cifra oficial de muertes haya sido 64 y que de un momento a otro ascienda a 2,975, es irreconciliable. Me resulta imposible explicarme el porqué la obcecación de la oficialidad con un dato a claras luces disparatado y con tan serias consecuencias. Bien le hace el juego al menosprecio del Primer Ejecutivo, la tardanza y desorganización con que FEMA atendió la emergencia, así como la filtración de Fondos Congresionales insuficientes.
Es difícil determinar los calificativos precisos y justos para describir, interpretar y tratar de entender esa realidad. Por más objetivos que sean los números, un asunto tan crucial tiene serias y profundas implicaciones afectivas, (y políticas) más aun cuando una de esas perdidas haya sido la de un ser querido. Igual nos toca abordarlo en cuanto a su carácter agregado.
El texto clásico de tanantología On Death and Dying explica Kubler Ross que la muerte, siendo la mas grave de las perdida, sucita una serie de sentimientos que se asocian con las etapas que parcan el proceso de: negación, coraje, depresión, negociación y conciliación. En la medida que el estado, por motivos que nadie razonablemente explica, ha negado la causa de muertes, impide concluir un proceso de cierre y atenta contra un asunto elemental en la fibra de la cultura. El cierre requiere conciliador también conlleva la solidaridad en la pena, muy lejos de la expresiones que han manifestado los mandatarios.
Evidencia adicional de carencia de la más elemental sensibilidad se refleja igual en el cumulo de cadáveres almacenados en furgones durante meses en el Instituto de Ciencias Forenses, otro escándalo que apunta a una ineptitud inauditas que impide a miles de familia completar su luto.
¿Cómo toca procesar las fallas y responsabilizar a los que contribuyeron a la muerte lenta, dolorosa y evitable de tantos seres queridos? ¿Cuantas muertes pudieron haberse evitado de haber mediado mejores condiciones? ¿Qué tribunal atiende ese reclamo? Con todo y lo corta que suele ser la memoria política, mareada por lo sucesivo del escándalo, este es un asunto imposible de olvidar. Lo absurdo y flagrante de las diferencias irreconciliables los hace muertos que regresaran a acosar a los responsables.
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