El Territorio
El Descalabro
Muchos de los Boricuas atribuyen las causas de la crisis económica al colonialismo.
El caso de Puerto sigue dando de que hablar en las grandes esferas del gobierno federal. Un río revuelto de intrigas, que se complica con la situación de esta patria. Una deuda pública sin precedentes acumulada por el gobierno, la proclama de incapacidad de pago y la bancarrota ha provocado tal cataclismo del que no nos hemos repuesto.
Cuando salimos a buscar causas, muchos de los Boricuas atribuyen las causas al colonialismo que es un estado de sujeción para el beneficio de la potencia interventora; que son propiedades para el explotación. Así fue con España y así ha sido con EU, fincas para su beneficio. La bancarrota es una consecuencia inevitable, agravada por los desatinos del mal gobierno y la adopción de políticas y prácticas fiscales descabelladas.
Con tal de atender el asunto, el Congreso generó la Ley Promesa en 2016, que comenzó con tropiezos desde que se adoptó. La prisa con que se acogieron los procedimientos y los nombramientos de sus miembros fue notable, tampoco pasó por lo alto el cinismo de llamar promesa una ley que anunciaba austeridad, reducción de servicios básicos y recortes en las pensiones.
A muchos sorprendió los poderes plenipotenciarios, por encima del gobierno electo. Igual se levantaron señalamientos de conflictos de interés de algunos de los “juntos”, particularmente aquellos que tuvieran parte en las emisiones de los bonos que nos lanzaron al barranco.
Mucho se expresó el descontento en marchas y manifestaciones.
Mucho se dijo en espera de los cónsules. Mucho se expresó el descontento en marchas y manifestaciones una vez la Junta anunció su propuesta de pauperización. Añádase el agravante que el gobernador electo hizo tanta gala de ineptitud, que el pueblo tirado a la calle en tres semanas de Julio lo obligó a renunciar.
La reafirmación de las tres ramas de la república federada en ese entonces fue: que Puerto Rico es y sigue siendo un territorio no incorporado, propiedad sin ser parte, donde no aplican todos los derechos que otorga la Constitución. O sea, después de 120 años de conquista y la mar de experimentos, seguimos siendo ciudadanos de segunda categoría.
El Tribunal Supremo
El momento es importante pues constituye una ventana de oportunidad para atender la deuda, así como la posibilidad de ponderar el lugar de Puerto Rico en el sistema federal. El Supremo de los Estados Unidos, por una tercera vez en los últimos tres años ha atendido casos de Puerto Rico.
El 13 de enero de 2016 ese tribunal decidió que la fuente de poder en Puerto Rico descansa en el Congreso y que sin soberanía originaria, cuando el gobierno puertorriqueño presenta un cargo criminal, también lo está haciendo el federal. El mismo día la Cámara Baja impuso la ley Promesa.
En marzo de 2016, el Tribunal examinó en audiencia oral la constitucionalidad de la ley federal de quiebra criolla. En su determinación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acentuó el poder del Congreso para imponer a Puerto Rico la Junta de Supervisión Fiscal, con tal de crear un mecanismo de reestructuración de la deuda pública y un nuevo tribunal de bancarrota territorial.
El descontento que generó la Junta Fiscal se canalizó legalmente en el Caso de Aurelius Investment, un grupo de inversión que compró bonos desastrados y de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego. Objetaron a la Junta argumentando que los nombramientos no cumplen con requisitos constitucionales pues requieren confirmación del Congreso
El Primer Circuito de apelaciones de Boston, determinó que los nombramientos son contrarios a la constitución.
El Primer Circuito de apelaciones de Boston, encabezado por el Juez Juan Torruella, determinó que los nombramientos son contrarios a la constitución pues sus miembros son oficiales federales, que corresponde sean ratificados por el Congreso. El Primer Circuito también sostuvo que las decisiones y acciones de la Junta deben prevalecer aunque los nombramientos sean inconstitucionales para evitar el caos.
La Vista
El martes 15 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendió, por 78 minutos, vistas en cuanto a Puerto Rico para atender la constitucionalidad de los nombramientos. Evento que intentamos resumir, en función de la extensa cobertura que le ha dado la prensa.
Jeffrey B. Wall abogado del gobierno federal urgió a los jueces a “ no deshacer lo que considera un gran progreso… Si la Junta se cierra, pienso que impediría un proceso que ha logrado beneficios sustanciales en los últimos tres años en su intento de estabilizar las finanzas.”
Theodore Olsen abogado de los bonistas, apuntó que: “Promesa viola la Constitución pues somete a sus clientes a un proceso gobernado por oficiales nombrados en violación al principio de separación de poderes.”
El juez Samuel Alito apunto que vindicar el proceso constitucional puede que no sea la única meta de los fondos y preguntó al abogado de los bonistas si comparecía para defender la integridad de la Constitución o sería excesivamente cínico pensar que hay otros intereses envueltos asociados a dinero.
Olson señaló que “en el caso estaban envuelto sobre $100 billones de deudas adjudicadas en varios procesos.”
Donald B. Verrilli Jr., abogado de la junta Fiscal, apuntó que “los miembros son oficiales territoriales, una provisión diferente que el Congreso provee en su poder sobre los territorios.”
Jessica E. Méndez-Colberg, abogada de la UTIER urgió a la Corte a desestimar la serie de casos tempranos en el Siglo XX conocidos como los Casos Insulares, que determinaron que los territorios adquiridos no eran beneficiarios de todos los derechos y protecciones que concede la Constitución.
El Juez Breyer estuvo de acuerdo que los casos eran una nube negra, pero no veía su relevancia para el asunto en consideración. El Juez Presidente John G Roberts concurrió que no veía la relevancia de los Casos Insulares.
Si para muestra un botón basta y si un abreviado acopio captura la esencia del fenómeno, ¿hace falta decir más? Para los Boricuas lo que es la piedra angular del imperialismo, los jueces no lo encuentran irrelevante. Lo que anticipa con certeza que atenderán el tema de frente (la constitucionalidad de los nombramientos) y omitirán el de fondo (el colonialismo). Para la mayoría de los jueces, los miembros de la JSF tienen funciones locales, es decir territoriales, lo que supondría una inclinación a revocar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones.
El Congreso
Comité de Asuntos Territoriales
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara encabezada por Rep. Raúl Grijalva (D-AZ).
A la vez que el Tribunal Supremo atiende la constitucionalidad de los nombramientos, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara lleva celebrando audiencias públicas en torno al mismo tema, abonando al borrador de Grijalva, que ha sugerido una decena de cambios al estatuto.
“Hay que ver esas dos audiencias (la del Tribunal Supremo y la del Congreso) como una. El propósito es el mismo: recibir información y reacciones sobre los cambios que vamos a recomendar”, señaló Grijalva, quien como presidente del Comité de Recursos Naturales y tiene la jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico en el Congreso.
Desde julio circula un borrador de legislación con potenciales enmiendas a Promesa, que incluyen: definir servicios esenciales públicos, proteger las pensiones, obligar a que se restituya el antiguo nivel del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ordenar una auditoría de la deuda, cancelar las obligaciones no aseguradas y obligar al Tesoro a que pague por los gastos de la Junta.
La medida incorpora el proyecto de la congresista Nydia Velázquez (Nueva York) que persigue cerrarles el cerco a conflictos de intereses de los contratistas de la JSF. También sugiere nombrar un coordinador federal para la reconstrucción de la isla tras el huracán María, y un oficial de Revitalización para la transformación el sistema eléctrico.
De las partes envueltas, la Junta y el Partido Popular han expuesto sus posiciones. “La Junta cree firmemente que el borrador propuesto es una distracción en torno al trabajo real en proceso que todos tenemos que hacer: concentrarnos en terminar con la reestructuración de la deuda, y asegurar que el gobierno de Puerto Rico continúe implantando las reformas estructurales, la responsabilidad fiscal y una mejor prestación de servicios públicos”, indicará Jaresko.
El Partido Popular Democrático (PPD) propone que en ausencia de interés del Congreso para derogar Promesa, hay áreas en que pueden ser mejoradas que son atendidas en este borrador para discusión y apoyarán las propuestas de enmienda a la ley Promesa, que buscan dar mayor transparencia y auditar la deuda del gobierno de Puerto Rico.
Y se pregunta usted porque titular esta columna Burundanga.
En resumidas cuentas
El territorio de Puerto Rico ha logrado la atención de las altas esferas del poder federal.
La evidencia sugiere, si no confirma, que el territorio de Puerto Rico ha logrado la atención de las altas esferas del poder federal. Si madura como pinta, habrán de reafirmar lo plenipotenciario de los poderes congresionales, reducir a los miembros a servidores territoriales y omitir por completo la dimensión ideológica que abate con su gigantesca contradicción la relación político-económica de Puerto Rico con los Estados Unidos. La puerta está abierta de par en par, con todo el mundo pendiente y en vez de agarrar el toro por los cuernos, se han de ir por el camino del tecnicismo inmediato y nos van a dejar, otra vez en la estacada. ¡Qué raro! Cuantas veces nos tocara reconocer que les importamos tan poco, que el sentido de las ideas vale menos que su importancia.
Que el dictamen nos reduce y menosprecia, condenándonos segunda categoria; si no sabemos o podemos capitalizar el momento, grande será la vergüenza. Quizá sea el catalitico que nos mueva a la ruta inevitable de la descolonización. Que se nos saque para siempre de la Cláusula Territorial.
Si bien el momento define los poderes del Congreso, toca pues recordar que el pueblo tiene el poder soberano. El error más grave es esperar que de fuera venga la solución que nos toca dar a nosotros..
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Copyright por José M. Umpierre. Foto de manifestacion copyright por Sofia Bastidas y usado con su permiso. Foto del capital copyright por Barrio Dog Productions, Inc. Los demas fotos en el dominio público.