Burundanga de Zocotroco
Otra vez y Siempre la Universidad
La Universidad de Puerto Rico ha perdido $427 millones de la asignación gubernamental anual.
Encuentra uno en el camino asuntos recurrentes, temas esenciales, teclas a las que retornar ya sea por su consonancia o su disonancia. La Universidad de Puerto Rico es uno de esos asuntos. El trato que ha recibido la institución no agota palabras y el rechazo de la legislatura a una nueva Ley Universitaria llama a la condena más enérgica.
Se ha dicho desde siempre que los estadistas son los enemigos de la Universidad pública , difícil negarlo. La reducción de presupuestos e intentos de control han sido patentes, sistemáticos y acumulados en la historia. La saña con que la Junta de Supervisión Fiscal se ha empeñado en castigarla raya en lo enfermizo, los números no mienten.
Desde que entró en funciones la Junta, la UPR ha perdido $427 millones de la asignación gubernamental anual. Esto redujo a $407 millones, una pérdida del 51.2%, comparado con el presupuesto de $834 millones en el año fiscal 2017. Ninguna otra corporación pública ni agencia gubernamental ha sufrido una reducción presupuestaria similar.
El Consejo Universitario, sera compuesto por 13 miembros: 7 nombrados por el gobernador y 6 miembros de la comunidad universitaria.
La gran queja de los universitarios desde que recuerdo, ha sido y es la politización de la institución; el control que han ejercido los partidos, que la toman como una pieza más en su adjedrez, cuya consigna es el poder y el control. Se ejerce a través de nombramientos a las posiciones de confianza para acomodar sus partidarios. Ciclo que se válida con cada cambio electoral. El intento de modificar esa cultura de poder es uno de los propósitos del proyecto de ley propuesto, que pretende alterar la hegemonía obsoleta y anquilosada de siempre.
El proyecto de ley que se ha venido discutiendo, cumple con rigurosos procedimientos de consulta. Su origen es de los universitarios, que han llevado años en hacerlo representativo de todos los sectores. Como medida para evitar la intromisión político-partidista, propone reemplazar la actual Junta de Gobierno por un Consejo Universitario, compuesto por 13 miembros (igual número que tiene la Junta de Gobierno actual): 7 nombrados por el gobernador (una mayoría, igual que en la ley vigente) de una lista que se le provee desde la comunidad universitaria y 6 miembros de la comunidad universitaria (3 profesores y 3 estudiantes electos por sus pares).
El proyecto cuenta con el aval de los comités de Educación y Hacienda pero, al momento de la votación culmina en derrota, con la sentencia del presidente del Senado: José Luis Dalmau. En su turno sobre el P. del S. 172 indicó que no hace falta alterar la ley universitaria vigente y que el nuevo proyecto de ley es anticonstitucional , que el nuevo estatuto le quitaría poderes al Primer Ejecutivo de hacer nombramientos a la Junta de Directores de la corporación pública.
José Luis Dalmau, en su turno sobre el P. del S. 172 indicó que no hace falta alterar la ley universitaria vigente.
Óigame y no es eso precisamente de lo que se trata. La única posibilidad de autonomia institucional es desvinculada de la politica. Lo extraordinario de la situación es que el presidente del Senado ha confirmado a viva voz que apoya, con suficientes partidarios, mantener la raíz del problema, conservando íntegra la autoridad centralizada del ejecutivo..
Y cuando pensábamos que el antagonismo se concentraba en esa derecha neoliberal a ultranza que si ha sido instrumental de un menosprecio sistemático y represalias fiscales, pues mucho indigna que los paladines de la liberalidad, defensores del mesurado centrismo resulten ser otro frente de resistencia tan retrógrado.
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