El año 2018 fue un año de recuperación post huracanes.
Visto que estamos en el ultimo mes de año y que aprovechamos el cierre de los ciclos para hacer recuento y procurar balance, adelanto mis impresiones de lo que ha sido y aventurar ideas de como será. Con certidumbre podríamos llamar el 2018 como el año de recuperación post huracanes, agravado por el cataclismo previo de una deuda publica impagable y la crisis constitucional consecuente. Lo urgente se hizo inminente, desplazó lo importante y puso en pausa lo sustantivo.
Los hijos de esta tierra vivimos la respuesta inmediata militarizada, los escándalos de los aprovechados y la lenta recuperación de una infraestructura cuya vulnerabilidad se hizo patente. A un año y tres meses hay sectores que permanecen sin electricidad. Los estimados recientes de los daños fluctúan notablemente, de acuerdo a quienes le pregunte, ya sea el Gobierno, FEMA o consultores independientes que van de 43 mil a 63 mil millones de dólares.
El ejercicio del poder plenario del Congreso Norteamericano para atender un fenómeno fiscal sin precedentes en el mercado de bonos municipales, fue reiterar el carácter territorial de la Isla y aprobar la Ley Promesa que crea la Junta de Supervisión Fiscal para intervenir, corregir las finanzas y devolver el margen crediticio a la Isla. Los poderes de primacía de la Junta y el modo como los han ejercido hacen muy patente donde radica la autoridad y como se ejerce en función de unas medidas de austeridad, tributos, encarecimiento y recortes que pauperización aún más a una población con una de las tasas de desempleo y desigualdad peores del mundo.
El evento reciente de mayor importancia en la saga de Puerto Rico es el pleito que se discute en el Tribunal de Apelaciones del circuito de Boston, presidido por el Juez Juan R. Torruella, el de más alto rango en la judicatura federal y sin duda el jurista mejor entendido es asuntos de la jurisprudencia en torno a las Casos Insulares.
Los bufetes Aurelius y Assured que defienden los intereses de los bonistas, en extraña colaboración con los abogados de la UTIER sostienen que los miembros de la Junta son empleados de categoría principal, sujetos al control federal y consolidan el alegato de que la Ley Promesa viola la cláusula constitucional para nombramientos, al exigir que el presidente haga los nombramientos con el consejo y consulta del Senado.
Apelan la decisión de la Juez Laura Taylor Swaine que afirmo: “En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario de Articulo IV dela Constitución para estructurar y definir entidades gubernamentales para la Isla…Los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico le han permitido crearla Junta de Supervisión Fiscal, al declararla una entidad territorial y no tener que cumplir con la cláusula de nombramientos. “
Al entender de este ciudadano, eso es andar por las ramas. Claro que en tiempos recientes mi entendimiento sufre los trastornos que induce el paso inexorable de los años, el suero de brea a que se nos somete y el vivir en estos tiempos revueltos en que la ley y el orden anda subvertidos. Cuestionar la constitucionalidad de la Junta porque se violento (o no) un estatuto de nombramiento me resulta un tecnicismo que palidece ante asuntos tanto más sustantivos. Claro que de abogado lo único que tengo es un padre que vivió enamorado del derecho.
Yo en la caverna de mi consciencia, acompañado por mis obsesiones, sigo creído que lo que corresponde cuestionar es porque una Constitucion que se atribuye el paradigma de la democracia, exista una Cláusula Territorial. ¿Y como es posible que el paladín de los derechos civiles y humanos prive a los ciudadanos de sus territorios del derecho fundamental del voto y la representación digna? Tampoco entiendo porque en estos tiempos se junten en coalición los bonistas y la UTIER para otorgar al presidente Trump el poder de nombramiento de los miembros de la Junta, si prevalecen en el caso.
Nadie está contento con la Junta, pero hace un tiempo aprendí a inhibirme de decir: no se puede poner peor. A la luz del historial del presidente en sus nombramientos, no es que se puede poner peor, aunque la imaginación se resista, se va a poner peor.
Se ha comenzado a anticipar cambios al respecto a la política para la Isla con la presencia de nuevos legisladores como Alexandria Ocasio Cortez.
No creo que el Tribunal de Apelaciones se dispare la maroma de retirar constitucionalidad a la Junta; la situación luce más alentadora a raíz de los resultados electorales de medio término. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes significa cambios en la presidencia de los Comités, particularmente el de Recursos Naturales que atiende los asuntos territoriales. El republicano Ron Bishop cede la presidencia a Raül Grijalva, demócrata de Arizona que ya ha comenzado a anticipar cambios en torno a la política para con la Isla. Si se logra el bloque con Nydia Velázquez, Daren Soto y Alexandria Ocasio Cortez tienen el potencial de ser una fuerza decisiva.
En nuevo presidente del Comité no es nuevo a la causa Boricua y ha hecho manifestaciones a considerar con cauteloso optimismo. “La prioridad tiene que ser la recuperación de Puerto Rico, no la austeridad. Puerto Rico no va a tener éxito a menos que la familias jóvenes se queden en la Isla…Recortar los servicios básicos, cerrar escuelas, bajar salarios y destruir la Universidad Puerto Rico no va a ayudar el proceso de recuperación.” Grijalva también propone redefinir los poderes de la Junta Fiscal para que sea mas respetuoso con el gobierno y crear una posición de Inspector General a cargo de supervisar la reconstrucción del sistema eléctrico. Una lista de buenas intenciones que acogemos con beneplácito y la saludable duda.
Mucho depende de lo que acontece allá, pero más debería depender de lo que hagamos acá. Hay gestiones que se están haciendo. Muestra de ello es la Jornada Latinoamericana y Caribeña contra las Deudas Ilegítimas. La presencia de historiadores, juristas y activistas de otras tierras nos ayudan a poner la deuda en un contexto histórico e internacional, haciendo claro que no estamos solos y que la solidaridad y la experiencia de otras naciones contribuyen a orientar la gestión nuestra. Es largo el camino y pesarosa la realidad; si la justicia se mueve despacio, la historia es mas lenta aun, y aunque parece damos dos pasos atrás y uno al frente, es todo lo que falta por hacer y el que se cansa pierde.
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