COFINA (Corporacion del Fondo de Interes Apremiante)
Guerra Galáctica y Aberración Nefasta sugieren la magnitud del drama con el Tribunal.
“Guerra Galáctica” por “Aberración Nefasta”
En este espacio irredento, donde lo divino se confunde con lo maldito, el sufrimiento culmina en éxtasis y lo sublime alterna con lo ridículo, nos damos margen amplio para titular nuestras tragedias. Guerra Galáctica y Aberración Nefasta sugieren la magnitud del drama que se dirime al momento en el Tribunal Federal. Un capítulo más en la saga de la bancarrota Boricua y uno por demás importante.
Antes de entrar en la materia del caso, es importante destacar un par de detalles de la historia económica del país que señalase el constitucionalista Carlos Ramos. Desde el primer gobierno civil en 1900 y la primera Carta Orgánica, el Congreso Norteamericano estableció el margen prestatario y la prelación de créditos: primero los gastos esenciales y luego la deuda. La norma de un presupuesto balanceado se mantuvo vigente en la Constitución del Estado Libre Asociado, pero se invirtieron las prioridades; se elevó la primacía de la deuda constitucional y en segundo lugar los gastos esenciales.
Lejos estoy de jurista, pero el sentido común me sugiere que es una alteración riesgosa la que pone la prioridad afuera antes que adentro, argumento para asegurar a los inversionistas primacía. El crédito se comenzó a utilizar para subsidiar el desarrollo del floreciente Estado Libre Asociado en el auge expansionista de la Post Guerra, el abandono de la agricultura y el afán industrializante.
La deuda pública aumento de $11 millones en 1952 a $144.3 millones en 1960 y ahora $74 billiones.
El inicio de la autonomía coincide con el incremento en deuda pública, de $11 millones en 1952 a $33 millones en 1953, a $144.3 millones en 1960. En esos tiempos teníamos un crecimiento económico deslumbrante dentro de un límite prestatario de 15% del producto bruto nacional. El asunto se agrava con la enmienda a la Constitución de 1961, cuando se determina que el poder de fijar el margen prestatario radicaba en el gobierno de Puerto Rico en vez de en una Ley Federal. Como medidas de responsabilidad fiscal se establecieron límites al margen prestatario, se requirieron presupuestos balanceados y garantías a los bonistas.
En tiempos de bonanza es más fácil pensar poco en el futuro. El descuadre grande comenzó cuando fracasó el experimento de las petroquímicas y la economía comenzó su picada.
Al limite prestatario se le añadió la posibilidad de una deuda extraconstitucional y los presupuestos balanceados dejaron de existir en los 70, cuando se comenzó a pedir prestado para cuadrar el presupuesto y cubrir gastos operacionales. Así ha sido desde entonces, “pagando la hipoteca con la tarjeta de crédito” como le llama mi amiga Myrna Rivera.
En 2006, con tal de resolver el cierre del gobierno, nuestros gobernantes se inventaron la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico. Un cuerpo gubernamental independiente adscrito al Banco Gubernamental de Fomento, con la función de emitir bonos y recaudar una porción de los ingresos recaudados por el impuesto en ventas (IVU). COFINA emitió $16 mil millones de dólares en deuda para salir del atolladero. A ello se añade que entre 2012 y 2014 se hicieron emisiones de bonos que superaban por mucho los limites constitucionales de la deuda pública. Con esta “gestión patriótica” de nuestros gobernantes lograron empujar esa deuda a $72 mil millones y tener que admitir ante el mundo que no la podíamos pagar.
A volar se fueron las máximas de sana administración y responsabilidad fiscal, pues desde los años 70 el gobierno viene haciendo malabares para cuadrar el presupuesto y metiendo las manos en los planes de retiro para cumplir con sus obligaciones.
A un lado están los defensores del Acuerdo de Estructuración de COFINA.
La deuda de COFINA constituye una tercera parte de la deuda total del gobierno y dice cómo se determinaría mucho de lo subsiguiente. En ello van muchos millones y muchos años, por lo que la situación que se discute en la sala del Tribunal Federal que preside la Juez Laura Taylor Swain es altamente contenciosa.
A un lado están los defensores del Acuerdo de Estructuración de COFINA, entiéndase los bonistas del Comité de Acreedores no Asegurados, la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno con sus abogados. El Plan que avalan con argumentos de que provée un alivio inmediato en los pagos, a cambio de un saldo a 40 años por 32 millones de d´ølares en función de los recaudos del impuesto sobre ventas de 11.7%; un recorte del 32% del principal. Esta coalición argumenta a brazo partido que, tras largos meses de discusión y búsqueda de acuerdos, ésta es la solución más “razonable para evitar una batalla legal por años e intentar salvar lo poco que queda”. A su juicio, los beneficios sobrepasan los riesgos y costos de litigios pendientes. El gobernador argumenta que el plan propuesto representa un ahorro de 30% que equivale a $430 millones al año.
Al otro lado figura el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda.
Al otro lado figura el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda, que cuenta con 30 mil firmas que sostienen se trata de: “Un acuerdo sin estados financieros auditados y en términos insostenibles. La Junta no consideró a cabalidad el impacto de la reducción de población, merma en ingresos sostenibles y reducción en valor de los activos.”
El economista Martín Guzmán, colaborador de Joseph Stiglitz (quien recibió el premio Nobel en Economía, y quien proclamó el arreglo de COFINA como aberración nefasta) apunta que el arreglo propuesto es improductivo e irresponsable pues ha de generar ahorros para la economía de PR. Una camisa de fuerza sin modificación por los próximos cuarenta años.
La Unión de Trabajadores de Energía Eléctrica (UTIER) presentó el estudio del economista José Alameda. Este destaca que el Plan propuesto carece de base científica y de modelo adecuado. Razones por las que entiende que el plan no es viable, al ser éste optimista con números irreales de crecimiento y por contar con fondos impredecibles. El economista estima que la propuesta no asegura pensiones ni servicios esenciales, no elimina deficit, discrimina contra bonistas subordinados y terminará en incumplimiento. El Informe se aceptó como evidencia, la participación de la UTIER no se aceptó por no ser parte envuelta en el pleito.
La Diáspora compuesta por las siguiente organizaciones: Diáspora en Resistencia, Alliance for Progress, Puerto Rico Alianza of Florida, Puerto Rico Leadership Council y Center for Popular Democracy sometieron la siguiente posición: “Este es un robo flagrante que elude los límites de la deuda constitucional, obliga al gobierno a pagar una deuda por un periodo superior al permitido por la Constitución y otorga a los tenedores de bonos derechos durante un periodo exagerado de tiempo”.
El representante Manuel Natal presentó una demanda al Tribunal cuestionando la nueva ley de bonos aprobada sin los procesos requeridos. Los reclamos del Representante de la Legislatura circularon ampliamente por los medios y quedarán en la historia como uno de los momento más bochornosos que se han visto en ese recinto. Su alegato se desestimó por la preeminencia de la ley PROMESA de evitar litigios, y queda como evidencia en el juicio que emite la opinión pública.
Desde el estrado, la Juez Taylor Swain ha hecho declaraciones e interrogantes por demás sugestivas. En el caso de Aurelius y la UTIER ella expresó: “En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos para estructurar y definir entidades gubernamentales para la Isla.” En este caso ella ha elevado los temas de la Cláusula de Supremacía de la Ley Promesa, los poderes plenarios del Congreso, la facultad para enmendar la Constitución y autoridad para elevar a nivel federal una ley de este patio.
Palabras mayores que confirman el aspecto crucial ante los hechos irrefutables de los errores y las consecuencias terribles de la Constitución del año 1952, la revocación de la autonomía fiscal que era su razón de ser y ¿por qué no sepultarla de una vez y comenzar una nueva? Lógica que valida otra vez la alternativa de una Asamblea Constituyente. El asunto crítico es la convergencia y el obstáculo son los partidos.
La Jueza Taylor Swain también ha dicho que no avala el acuerdo de inmunidad para las partes del descalabro, ni dará paso a orden que exima de responsabilidad a funcionarios y otros participantes que fueron parte de estructurar la deuda de COFINA. La Comisionado Residente se une al coro de reclamos de que corresponde adjudicar responsabilidad.
Ahora sí que hay que sentarse a esperar a ver si es cierto que se han de encauzar los responsables: los que violaron la Constitucion, con qué criterio lo hicieron, en qué medida y con qué consecuencia. Porque quienes deberán pagar los platos rotos, éso ahora está muy claro. ¿Nos sentaremos ante el espectáculo de los conflictos de interés y lucro desmedido de una clase codiciosa carente de ética y empatía? Eso es muy difícil que pase cuando son las personalidades que figuran en el asunto.
El exjuez presidente del Tribunal de Quiebras Federal Gerardo Carlo Altieri, quien atiende en su columna este asunto crucial, tituló la controversia como guerra galáctica. El siempre Juez Carlo también ha escrito: “La crisis de la deuda se debe al déficit estructural, se resuelve con una reforma contributiva que elimine el desbalance estructural; eliminar exenciones, créditos y deducciones privilegiadas y atender la economía subterránea.” Imagínese si le habrán caído chinches.
Los augurios de Martín Guzmán son más ominosos: “Se está perdiendo tiempo mientras la situación continúa y se empeora. Si no se da solución al espiral de migración, la contracción se va a empeorar. Mientras los dineros de recaudo sean necesarios para pagar la deuda, el crecimiento económico sostenido es imposible.”
Bien lo ha dicho Matria, el diezmo extendido impuesto a tres generaciones.
“Piedad Señor, piedad; si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.”
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Copyright 2019 por José M. Umpierre. Arte de Guerra Galactica copyright por Barrio Dog Productions. Los otros photos usados con el “fair use” proviso de la ley de copyright.