En estos tiempos aciagos y momentos difíciles, resulta necesario el aliento de la esperanza. Los golpes que hemos recibido han sido fuertes y seguidos, contundentes, tal vez definitivos si logramos tornarlos en resolutivos. La devastación de los dos huracanes ha hecho patente la fragilidad de nuestra existencia. Más incipiente y menos aparente, pero de mucho mayor impacto es la situación política-económica, que no se resuelve con reparar la infraestructura. Al análisis del problema de fondo se añade el recién publicado libro del licenciado José Nicolás Medina Fuentes: La Deuda Odiosa y la Descolonización de Puerto Rico.
Una vez comienza a disiparse el impacto de lo inmediato nos toca retomar lo sustantivo y el texto del Medina Fuentes lo hace de manera ejemplar. Licenciado en derecho de profesión, servidor público, profesor y escritor de vocación y activista por convicción, su discurso se sustenta de la ideología radical y principios jurídicos que podrán resultar irritantes para algunos y estimulo para otros. Lo que resulta indiscutible es que constituye una aportación de incalculable valor en la búsqueda de salida de esta pantanosa Burundanga.
El texto lo componen una colección de ensayos y ponencias presentadas por el abogado en distintos medios y foros. El título hace patente su acusación y el contenido abunda sobre el camino resolutivo. Estructuro mi aproximación entorno a lo que me resultaron ser sus premisas, para atender su visión de la deuda impagable y odiosa, sus impresiones sobre la Junta de Supervisión Fiscal y el camino a una Asamblea de Descolonización como alternativa para resolver el entuerto.
Premisas
La deuda pública es el problema económico presente más grave e inminente para PR; un asunto monumentalmente complejo que afecta la nación y los individuos.
La magnitud del problema conlleva soluciones de la misma categoría. Es hora de soluciones y cursos de acción diferentes, sensatos y acogidos a nuestra realidad.
Las opciones que se han propuesto para solucionar la situación del país (los partidos y los plebiscitos) no han sido efectivas para resolver la crisis y cada día nos sumimos más en una crisis de devaluación en que valemos menos.
La situación política actual imposibilita una mayoría electoral y el gobierno carecer de fondos públicos a su haber.
El reto es de generar un cambio que atienda efectivamente la situación de Puerto Rico. Resulta necesario una nueva mayoría para encarar la deuda.
La deuda publica hay que abordarla con la unidad solidaria de un pueblo y con las facultades básicas de negociación para impartir dirección al proyecto de nuestra nación en todos sus ordenes y procesos.
Los plebiscitos son acción de un día que no resuelven nada.
Hace falta el diseño y adopción de un Proyecto para el Beneficio del Pueblo, junto con un recurso legítimo en derecho internacional que aúne nuestras voluntades.
Para enfrentarnos a la crisis necesitamos un pueblo educado, unido, sano, solidario y solvente que conoce su historia.
Con creatividad, voluntad y empeño podemos darle ungido a la deuda pública para que sea pedestal y fortaleza, lugar de convergencia, asunto que unifica los amplios sectores aludidos y afectados.
Lo importante es que cada iniciativa sea honesta, seria, humilde, de buena fe, sin oportunismos ni protagonismos obsesivos ni agendas pequeñas.
Deuda Pública
Nos apunta el letrado que los fundamentos jurídicos de la deuda se apoya en los principios de moral y derecho que establecen y formalizan las relaciones entre los deudores, los acreedores y las condiciones o circunstancias que pueden afectar el carácter contractual entre las partes.
El precedente jurídico lo estableció U.S. of A. como parte del pacto para resolver la Guerra Hispanoamericana. La nación triunfante decretó una deuda odiosa, llamada así cuando elites dictatoriales han utilizado los fondos para propósitos ilegales. La doctrina fue aplicada para que Cuba no pagara su deuda pública a España al fin de la Guerra Hispanoamericana, con Irak y Ecuador que también le abonan al precedente internacional.
Y me resulta irónico que un precedente de la Guerra que precipita nuestras tribulaciones sea el que salga al amparo de nuestra situación. Lo que resulta innegable es que en esa guerra retrocedimos en autonomía y pasamos a ser botín, que pactaron sin nuestro consentimiento y gobernaron primero por un gobierno militar, luego por uno civil con mínima participación representativa.
A mediados de siglo pasado se nos permitió elegir nuestro gobierno con autonomía para endeudarse, pero se niegan los poderes para crear ahorro, riqueza y protegerla. En pleno siglo XXI, con el consenso de lo aberrante que el colonialismo resulta, el gobierno federal nos da tres golpes seguidos con el acuerdo de sus tres esferas que nos corresponde seguir el de la Cláusula Territorial. Y nos envían una Junta de cónsules que superan categorías previas, pues ni de neocolonial cualifica nuestra Burundanga.
Lo que obliga a retomar el debate ineludible de la relación entre la deuda y la colonia; óptica que arroja una imagen muy distinta de los papeles que se juegan. El colonialismo es la incautación los poderes inherentes de la soberanía de una nación por otra, mediante la fuerza militar, imposición del sistema de derecho, coerción y hegemonía ideológica. La manifestación mas fehaciente del colonialismo radica en el no contar con poderes para generar riqueza y protegerla. Ese ha sido el caso de Puerto Rico por los últimos 523 años.
E.U. controla todos los poderes de soberanía: moneda, tratados, comercio internacional, derecho publico y privado, espacios, transportación marítima y aérea, comunicaciones, correo, banca, trabajo, ambiente, Fuerzas Armadas, comercio ínter estatal y procesos de quiebra. Durante 119 años de dominación norteamericana, el modelo económico ha sido conferir privilegios al capital foráneo a través de exención contributiva, proveer utilidades públicas y mantener bajos los salarios bajos.
Las deudas contraídas por el ente territorial y sus instrumentalidades se ha dado mediante la emisión de prestamos y bonos promovidos mediante la triple exención contributiva que permite la Ley Federal Jones. En tiempos de la crisis reciente, la práctica de control se manifiesta en privatizar los servicios y el patrimonio, monopolizar el comercio, adquirir riquezas a precio de quemazón y gravar con impuestos que conducen al empobrecimiento y éxodo. Receta amarga de más deuda, alza en tarifas y menos riqueza para la población y el territorio.
La Deuda Impagable
Al año 2000 la deuda pública ascendía a $24 billones y resultaba pagable. Al 2014 incrementó por 48 a 72 billones (175%) y se decretó oficialmente impagable. El incremento astronómico coincide con el periodo de la firma del Tratado de Libre Comercio, la eliminación de las 936 (que han lanzado la economía del patio en franca depresión económica) y una devaluación extraordinaria de la riqueza. Condición que estima el autor forzó al gobierno a tomar prestamos para sustituir la disminución de ingresos recurrentes para pagar compromisos públicos. La causa de “impagabilidad” es el escape de riquezas generadas en P.R. con privilegio al capital extranjero, que si se hubiera queda aquí hubiera servido para un despegue económico nacional.
En el Congreso de los E.U. el énfasis ha sido que la deuda ha sido causada por mala administración, ausencia se transparencia, tardanza en someter estados financieros auditoría, negligencia, vagancia y corrupción de los puertorriqueños. Atribuir la causa a la corrupción y la mala administración han generado la impresión de que la causa es de origen nativo; por que hacía falta una junta que hiciera recortes, evitara despilfarro y es lo que merecemos por elegir administradores malos y corruptos.
El abandono del Congreso de los E.U. es el causante de la deuda impagable. La deuda pública es responsabilidad del gobierno federal por el control restrictivo que ejerce sobre el territorio y su riqueza. Por una irresponsabilidad fiduciaria que opera en detrimento de los derechos de sus ciudadanos.
Que la causa de la deuda de de Puerto Rico es una acusación torcida y una atribución de culpa falsa la que pretenden imponernos para justificar la determinación de nombrar una Junta y la promoción de su aceptación. Estados Unidos pretende colocar todo el peso de la responsabilidad en el pueblo mediante tributos y cortes de servicios esenciales para favorecer el cobro de los bonos, usurpando los poderes del pueblo para generar riqueza.
En realidad, en el caso de P.R, el acreedor es el pueblo de P.R; el deudor es el capital absentista y el gobierno federal quienes han desaparecido recursos, lo que en moral y derecho constituyen activos de la nación puertorriqueña.
La Deuda Odiosa
Según la teoría del licenciado Medina Fuentes, la deuda es odiosa pues cumple con una serie de condiciones:
Es producto del abandono y negligencia del administrador fiduciario sobre un territorio huérfano de poderes.
El deudor no ha tenido control de decisiones que violentan derechos civiles y humanos de grandes sectores.
Se efectuaron contratos en círculos cerrados a sabiendas de la insolvencia.
Se impone la penalidad a la victima.
La Junta de Supervisión Fiscal
Propone el licenciado Medina que la Junta de Supervisión Fiscal es una solución injusta, abusiva, inmerecida, deshonesta, fraudulenta y dictatorial para el beneficio de los acreedores y en detrimento del pueblo. Constituye un mecanismo inservible para resolver el problema de la deuda impagable y la quiebra del sistema federal.
Procede que el gobierno federal expropie la deuda, cree un fondo y adquiera la deuda de sus acreedores por el valor que realmente tiene el principal. “A quienes le tienen que imponer una junta de supervisión y control es al Gobierno Federal por su negligencia y conducta delictiva colonial, por daños ecológicos, militares, migratorios y monopolísticos, por la perdida, devaluación de negocios, industrias, hogares, fuga de capital humano.”
Considera el autor que las condiciones no son las más favorables para llevar el caso a tribunales por su parcialización a la política territorial y protección del capitalismo. Aunque adelanta la posibilidad de pleitos de clase por negligencia confesional de sus responsabilidades fiduciarias. Entiende el autor que falta un foro que nos resulte favorable y haga viable una negociación en condiciones beneficiosas.
La ruta ética debe ser reconstruir el País con un proyecto de país solidario. El saneamiento a través de iniciativas que solidifiquen el Proyecto Nacional, fundamentado en la defensa del ambiente, la suficiencia alimentaria, autonomía universitaria, una reforma tributaria transparente y equitativa, una reforma electoral para incorporar la diáspora, la exención de cabotaje y la prestación de servicios y derechos esenciales. Alcanzar desarrollo económico en función de la adopción de modelos y políticas socialdemócratas que faciliten una distribución de la riqueza que alcance a mayorías por medio de buenos salarios y pensiones, servicios médicos, apoyo a maternidad e infantes, educación gratuita y subsidios a la vivienda.
Asamblea
Ante ese análisis, el licenciado Medina apunta que el Congreso se ha lavado las manos, no hay otra opción para que el pueblo de Puerto Rico se organice en su foro más poderoso, el espacio más amplio de convergencia del pluralismo .
Una Asamblea Constituyente que represente al estado soberano de P.R, con poderes plenos para negociar e instrumentar un proyecto solidario y viable de país. Un cuerpo incluyente y representativo de todos los sectores, de carácter permanente, sin limite de tiempo, para deliberar, negociar y movilizar al pueblo, solvente con recursos, apoderado por los Boricuas de aquí y de allá.
Un espacio de convergencia de la Isla y la Diáspora, junto con sectores internacionales y norteamericanos solidarios, antiimperialistas, ambientalistas, autogestionarios y juventud. Esto en colaboración con los sectores de avanzada como sindicalistas, cooperativistas, programas igualitarios de género, antirracista y anti xenofóbicos, empresarios comprometidos, el sector ecológico, agricultores orientados a la suficiencia alimentaria, salubristas, agentes de la artes, educación y cultura.
Agrupados en proceso de verdadera participación ciudadana, con un clima de respeto y tolerancia en que tengan voz los representantes de todos los grupos de base y redes sociales. Un proceso nacional, criollo, boricua, democrático, justo, solidario, de economía mixta, con inversión de capital extranjero, soberano para definir impuestos, que asegure salarios altos, planes universales de salud, educación y retiro dignos. Dedicados a elaborar un programa emancipador, solidario y pluralista. Los que no deben participar son los que se descartan de la puertorriqueñidad por sentimiento y afirmación pues se perciben como ciudadanos de otras patrias, ya sean dominicanos, españoles, venezolanos o norteamericanos.
El llamado de la Asamblea es una convocatoria a todos los que crean en la descolonización, que respondan a un sentimiento solidario y estén dispuestos a enriquecer la gestión. A todas las personas sensatas, respetuosas de los demás, movidos por buena fe, el deber de fiducia, lealtad y honestidad hacia el pueblo de Puerto Rico. El llamado de una nación que reclama el derecho de su destino a través del órgano que la representa. La academia tiene un lugar de importancia en estas gestiones pues resulta espacio natural para celebrar simposios, talleres y cursos para discutir alternativas efectivas frente a la deuda.
Las fuerzas mayoritarias que creen en la Descolonización deben tener garantías preferentes. En la primera votación de delegados, quien tenga mayoría de los votos tiene el derecho a negociar sin obstáculo y con la cooperación de la oposición, durante un termino de caducidad de dos años. Si resultase ser que la estadidad no se ha concedido, luchemos por la plena soberanía con la transición necesaria.
Propone el autor una secuencia de eventos claves y funciones críticas a considerar la consecución de una Asamblea; la creación de un Comité Provisional que encauce y canalice las gestiones, con asuntos a tratar como: la promoción y celebración de debates, seminarios, cursos sobre deuda publica, la creación de una Comisión para atender la deuda publica, el recaudo de fondos que permitan su funciones, la realización de una auditoria ciudadana, solicitud e inventario de documentos, identificar quienes llevan pleito de clase y llevar a cabo juicios.
La secuencia de acciones se consolida con la celebración de una Asamblea Preparatoria para concertar los acuerdos conducentes a un Congreso de Descolonización donde se eligen los representantes a la Asamblea Constitucional.
Estima el autor que el aspecto esencial es el cultivo y desarrollo del pensamiento critico nacional. “Nuestra contribución a un mundo mejor es concertar nuestras energías para arreglar nuestro nido. Estructurar una moralidad de justicia, igualdad y libertad concentrada en los problemas nacionales. Para llevar a cabo el cambio se necesita la formación de cuadros cultos y audaces, estudios y propuestas de acción colectiva, proyectos que enfaticen el desarrollo económico, sustentabilidad y la tributación equitativa. Ciudadanos entusiastas armados de una teoría sobre el cambio, formados en un componente moral profundo y solidario, capaces de actuar colectivamente, flexibles en la táctica y las alianzas, con un espíritu autocrítico, firmes en los principios y fines estratégicos.”
A mi me convenció. Su análisis es sensato y razonable y las alternativas de acción, sin negar la ensoñación de los idealistas, tiene un carácter de viabilidad que brindan aliento. Conlleva la posibilidad de una gestión noble, que falta nos hace. Una iniciativa de futuro para procurar salidas este agobiante presente. Gracias licenciado Medina, nos vemos en el camino a la Asamblea.
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