La irresponsabilidad fiscal de los gobiernos del país nos llevaron a la bancarrota.
Me enseña la experiencia que tanto tiene la vida de paradoja y congruencia, como de armonía y disonancia. Se suman a mis tribulaciones el acontecer reciente en torno al presente y el futuro de este terruño. Es bien sabido que la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos del país nos llevaron a la bancarrota. La incapacidad de poder cumplir con las responsabilidades de una deuda publica escándalosa y sin precedentes, llevó al Congreso Norteamericano, en alianza con el Ejecutivo y el Judicial, a nombrar una Junta de Supervisión Fiscal que se hiciera cargo del país.
Sectores de interés afectados elevaron la voz por medio de los canales jurídicos, logrando que en abril de 2019 el tribunal de Apelaciones de Boston apuntara inconstitucionalidad puesto que los nombramientos son de cargos federales de primer nivel. El Tribunal otorgó 90 días de moratoria para resolver el entuerto.
El presidente Trump, a dos semanas de vencerse el plazo, anuncia que ha de enviar los nombramientos de los siete miembros actuales a confirmación. No sin dejar sentir (otra vez) el discurso con que nos tipifica.
“Los políticos de la isla han administrado mal las finanzas del pueblo de Puerto Rico. Esa mala administración causó que haya mas de 100 millones de dólares en deuda y obligaciones no financieras que perjudican directamente a los individuos con promesas incumplidas, servicios deficientes, una burocrática abultada e infraestructura en mal estado. La mala administración, la corrupción y la negligencia continua perjudicando a la gente de Puerto Rico, que merece algo mejor de su gobierno. “
El anuncio del presidente levanta incertidumbre de cómo habrá de atenderse en el Senado la nominación de los mismo siete que han dilatado los destinos de esta patria por los últimos tres años.
El ex juez Gerardo Carlo, mejor entendido en estos asunto tras presidir la Corte Federal de Quiebras en el país, anticipa que el Senado puede tomar una de dos alternativas: la rápida confirmando sin consulta de los nominados, o la lenta en que se atiendan los nominado en vistas públicas.
Argumenta el juez que los costos de una dilación que retrasaría aun más los esfuerzos de reconstrucción, elimina la autoridad de la Junta para proponer un plan de ajuste, entorpecería las negociaciones con los bonistas y afectaría la radicación de casos a los responsables. Para este Zocotroco, el argumento que flota de los que esgrime el juez Carlo es la dilación en la reconstrucción. De ahí en adelante, los demás me parecen motivos para que sí se tome la vía lenta.
Recientemente, invitado por el Centro para una Nueva Economía nos visito el laureado economista Joseph Stigler, quién ha seguido de cerca el fenómeno Boricua, y quien dictó la conferencia, Deuda, austeridad, crecimiento, otro rumbo es posible. Allí apunto que:
“La Junta de Control Fiscal solo piensa en exprimirle más dinero a la gente de Puerto Rico y eso, moralmente, está mal. La prioridad debe ser el crecimiento y luego pagas la deuda”.
“El Plan (Fiscal) actual es un desastre, cualquier cosa puede ser mejor que eso”.
“Las propuestas actuales solo profundizarán la crisis terminando en otra década perdida”.
“He visto las políticas de austeridad propuestas para Puerto Rico antes y éstas no funcionan”.
“Lo que se está haciendo en Puerto Rico es más draconiano que lo que pasó en Grecia”.
“Los recortes propuestos por el Gobierno no tienen explicación, no sé de dónde sacaron los números”.
“La reestructuración de la deuda es una precondición necesaria para cualquier estrategia de crecimiento”.
“Se necesita más que una moratoria. Se necesitan políticas de crecimiento macroeconómico.”
“La economía del Siglo 21 debe tener base en el aprendizaje. Si cortas la educación amenazas su crecimiento. Si no tienes gente bien educada no podrás crecer”.
“Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”.
Ante una disonancia de esta magnitud y naturaleza, ¿a quién creer? ¿Por dónde nos vamos? Con todo lo que me gustaría salir de este penoso asunto y que se hiciera con la celeridad y eficiencia posible, el desautorizar la Junta no me molesta en lo más mínimo. Todo lo contrario.
El desarrollo no ha sido la prioridad de la Junta y las medidas de austeridad que propone no son otra cosa que la pauperización del pais.
Su ejecutoria nada me ha hecho desestimar la primera impresión de que se trata de los procónsules del imperio. El desarrollo no ha sido la prioridad de la Junta y las medidas de austeridad que propone no son otra cosa que la pauperización del ciudadano común a fines de cuadrar caja y volver a pedir dinero. Nada me cuesta suscribirme a la apreciación del economista que tiene la métrica para demostrar lo que dice.
Si mucho es el malestar, poco ayuda la incertidumbre. Atender con detenimiento los conflictos de interés de los vuelto a nominar y los desatinos de la Junta sirve para sacarnos de la imaginación y el delirio con que intentamos explicar lo difícil de explicar. Nada me angustia esperar si nos sirve para esclarecer los acontecimientos.
Que se lleve el caso nuestro al Tribunal Supremo, que tengan los jueces la oportunidad de ponderar los Casos Insulares otra vez, que regresen sobre el racismo incipiente en el colonialismo y se proclamen. Igual pienso que unas vistas publicas de nuestros “Juntos” sería esclarecedor, así como aportan los méritos de su ejecutoria. Y si tengo que esperar para que se acusen los responsables, pues vaya que me siento, incomodo pero esperanzado.
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Copyright 2019 por Jose M. Umpierre. Foto oficial de Ricardo Rosello en el dominio publico, foto de La Junta cortesia del autor.