TSEU y PR
En la larga historia de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, una decisión del Tribunal Supremo de ese país es un evento que no suceda con frecuencia. Siendo el más alto foro judicial del sistema federativo, sus expresiones son cruciales para entender nuestra situación.
El estatus político es un tema candente en nuestro país; esta condición territorial a la que todos nos oponemos, con distinta calidad de opciones resolutivas/ o no. Asunto que motiva el asedio a las instituciones con inherencia o posibilidades de intervenir para resolver un entuerto, que surge porque los ciudadanos del territorio no poseen los derechos plenos que ofrece la democracia: el voto y la justa representación. Una contradicción que aviva las pasiones en el terruño y a las que en el norte quedan impávidos.
La posición reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos así lo confirma de forma clara y contundente. Yo sigo insistiendo que el momento de viraje fue en 2015 con la declaración ominosa del gobernador Alejando García Padilla que la deuda publica era impagable. La cadena de efectos y de eventos que eso ha precipitado no ha sido menos que estremecedora, agravado por fenómenos naturales de fatal consecuencia que acentúan aquello que las vacas flacas llegan juntas. Excepto que estas vacas no son flacas, son famélicas.
Poco hace falta el recuento. Basta notar la magnitud sin precedentes de la bancarrota gubernamental en la historia del mercado de bonos municipales, y las repercusiones que ello tuvo y tiene el sistema financiero del norte. La salida al escandalo fue la Ley Promesa y la creación de la Junta de Supervisión Fiscal, de la que se ha hablado mas allá de la saciedad. Qué se puede añadir al cinismo de llamar promesa un decreto que anula la escasa autonomía concedida al gobierno de un territorio, con poderes sobre los oficiales electos. Que se puede añadir a la ejecutoria de una junta que ha venido a devaluarnos, con control sobre presupuestos y políticas publicas.
Añádale el desdén con que el presidente Trump no cesa de apuntar a la corrupción e ineficiencia de gobierno. Se le cae a uno la cara de vergüenza que es de lo poco en que le podemos adjudicar veracidad. El juez Juan B. Torrullea intentó convulsar un tanto la cosa atendiendo el reclamo de la UTIER y Aurelius de que los miembros de la Junta son funcionarios federales y corresponde el escrutinio legislativo para su aprobación.
Pues ahora el Tribunal Supremo adopta posición de nonines. Los funcionarios son territoriales, no estatales, por lo que no le corresponde el endoso congressional. En el camino hicieron caso omiso a la carga de los Casos Insulares que contribuyen a definir el andamiaje imperial, pasaron por alto el elefante en la habitación (el eterno asunto del estatus) y se fueron por la línea de menos resistencia.
Me imagino que allá tendrá una lectura de sapiencia y temperancia. Para mi es evitar coger el toro por los cuernos y jugar a los eternos paños tibios. No es nuevo, pero quisiera yo que lo seguido sirviese para consolidar este sentimiento de hastío, esta inconformidad irredenta con el estatus quo, esta convicción irrevocable de que esto esta mal. Esta urgencia por idear qué y cómo puede estar mejor.
Tampoco entiendo razonable vivir de quejas y decepciones. Una situación tan compleja no es posible resolverla de un modo sencillo y simple, pero por algo hay que empezar. Yo me empecino en la indignación de una condición inaceptable. Estar regido por una Clausula Territorial es enteramente inaceptable, como son inaceptables todas las implicaciones que conlleva, como bien acaba de confirmar el Tribunal Supremo. Estamos hartos de clamar por un proceso de descolonización que cada día parece más remoto. Pero el que se cansa o se quita, pierde. Cada viraje, cada sutileza tiene la posibilidad de desempeñar de catalítico, de chispa que le abona al cambio. Y esta decisión del Supremo tiene un potencial grande de ser detonante.
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Copyright 2020 por José M. Umpierre. Foto de manifestacion Puertoriquena courtesia de Sofia Bastidas y Kendal Marsh. Otros fotos en el dominio público.