Efemérides y Pleitos
El día de la firma de la Constitución de Puerto Rico en 1952 coincide con el día de la invasión Norteamericana en 1898.
El 25 de julio es un día importante en Puerto Rico, es la fecha en que se conmemora la firma de la Constitución del 1952. Visto que es uso y costumbre llamarlo día de las fiestas patria, y que ese concepto tan elemental tiene un significado torcido en la Isla, la conmemoración de tan excelsa ocasión llega este año marcada con una coincidencia adicional que le añade disonancia y resonancia.
Es bien sabido que el día de la firma en 1952 coincide con el día de la invasión en 1898. ¿A quién se le ocurre adoptar la Constitución el mismo día de una invasión, que no sea para intentar el eufemismo de trasmutar la invasión en desembarco y la conquista en misión civilizadora? Por un tiempo la Constitución era asunto de parada y templete, hasta perder su lustre y convertirse hoy en día asunto de litigio.
En el 2018 cuentan 120 años de territorio no incorporado y toca mencionarse que una Constitución en 1952 es una espera muy larga para alcanzar el título de nación; patria ha sido siempre para sus patriotas. Mucho ha llovido desde entonces y varios han sido los huracanes que nos han azotado en ese largo período. El golpe más duro y sostenido, a juicio de este Zocotroco, no ha sido de la naturaleza sino de los humanos y la forma peculiar que tenemos de organizarnos para intentar convivir.
Ante la inevitabilidad de alguna forma de gobierno, a los Puertorriqueños nos ha tocado la modalidad más anacrónica y burda, la más paradójica y contradictoria, la más denigrante para cualquiera que aspira a ciudadano, dotado de los derechos que ofrece la democracia. Todo por ser “propiedad pero no parte de” los Estados Unidos de América. ¡Y llevamos 120 años manoseando esa realidad!, discutiéndola a la saciedad (algunos dirían náusea), agobiados por una opresiva sensación de inmovilidad que en nada sirve de bálsamo a los nervios. Entre los rituales que hemos adoptado para conjurar el mal, figura de forma prominente el peregrinaje recurrente al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
ONU
El Comité de Descolonización de la ONU se ha proclamado 37 veces a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico.
Si la noticia dependiera de la novedad, para nada lo es la rutina ni lo esperado. En los últimos 47 años, el Comité de Descolonización se ha proclamado 37 veces a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico. Ello a pesar de que tocar el tema es enfrentarse a los Estados Unidos.
En un tiempo, cuando la vergüenza parecía ser un ingrediente importante de la política y la cultura, el Congreso aprobó la Ley 600 para que redactásemos una Constitución con grado interno de autonomía fiscal y un gobierno electo por las residentes del patio. Una fórmula que nos sacase del oprobio de medio siglo de gobiernos nombrados y el ejercicio más burdo de lo plenipotenciario. Santo y bueno, asunto resuelto.
Pues no precisamente. Las fórmulas económicas con que se ha intentado mantener a flote un territorio han sido insuficientes. Y los políticos en su ineptitud, nos han traído a la penosa situación de la bancarrota de la fórmula de gobierno y la economía, reduciendo nuestra condición de pueblo al de agregado de gente sin gobierno representativo. Tanto así que el Congreso Norteamericano nos manda la madre de todas las PROMESAS, una medida que acaba con toda imagen de gobierno propio imponiendo una junta imperial. Y aquí el gobierno anda protestando, cuando sabe, si lee, que la ley habilitadora de la Junta tiene una Cláusula de Primacía que anula el asomo de autonomía y devora el corazón del Estado Libre Asociado. La Ley PROMESA, por mandato, nos pone en manos de la Junta y tiene la última palabra sobre nuestras finanzas y presupuesto.
Negar eso es no saber leer o vivir alucinado, es ponerse fuera de la realidad, un delirio con tal de hacer ruido para la gradas. A esas luces, el caso de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización sí es noticia, en momentos en que la política interna y externa de EU luce tan errática e improvisada como el estilo del presidente.
La más reciente resolución a favor de la libre determinación de Puerto Rico fue presentada por la embajadora de Cuba, Anayansi Rodríguez y Venezuela, Bolivia, Siria, Antigua y Barbuda, y Nicaragua participaron como co-auspiciadores de la medida. Un representante del gobierno de China también respaldó la resolución. El Salvador reiteró la posición de la CELAC en contra del colonialismo en la región, reconociendo la identidad caribeña y latinoamericana de la Isla, mientras que Venezuela habló a nombre del Movimiento de Países no Alineados.
La más reciente resolución a favor de la libre determinación de Puerto Rico fue presentada por la embajadora de Cuba, Anayansi Rodríguez.
Entre el desfile de evidencia que presentaron más de 40 deponentes, se apuntó un informe que revela que a nueve meses del paso del huracán María, Puerto Rico permanece bajo un estado de emergencia. Dicho informe será presentado ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como una expresión sobre la “violación sistemática de derechos humanos en el país”.
El informe destacó la ineficiencia de los gobiernos en atender las necesidades de la ciudadanía, específicamente en las áreas de vivienda, alimentación, agua, electricidad y educación. “Es preocupante que persistan los problemas de agua potable y libre de contaminación, que no tengamos políticas sobre seguridad alimentaria, y que la agricultura ecológica y sostenible enfrente trabas gubernamentales que hagan casi imposible su desarrollo”.
El Comité de Descolonización aprobó por consenso una resolución a favor de la libre determinación e independencia. La resolución expresa la creciente insatisfacción con que la Asamblea General no acaba de reabrir el caso político de Puerto Rico y solicita a la Asamblea General a considerar la cuestión de Puerto Rico de forma abarcadora en todos sus aspectos, y a tomar una decisión sobre este asunto lo más pronto posible.
La resolución anota que la presente subordinación política del pueblo puertorriqueño impide tomar decisiones soberanas sobre la crisis humanitaria causada por los efectos de los huracanes Irma y María, que han agravado los ya existentes serios problemas económicos y sociales en la Isla.
Queda claro que corresponde acudir a los foros internacionales para denunciar la gravedad de la situación de derechos humanos en Puerto Rico y exigir que se reconozca el contexto de discrimen institucional al que están siendo sometidas las poblaciones más vulnerables. Si es momento para que la ONU envíe delegados a Puerto Rico, que vengan relatores que describan el efecto económico, social y moral que tendrá la legislación laboral que reduce derechos a los trabajadores y los obliga a migrar y documentar el proceso de gentrificación.
Mientras tanto en el patio, los estadistas se empecinan en empujar su agenda de asimilación con una comisión de igualdad que anda en gestiones menos difundidas, una Comisionado Residente que vocifera, gasta y figura como si le hicieran caso. El Partido Popular no parece saber la hora que es y el sector separatista que, a pesar de la reiteradas proclamas de Comité de Descolonización, logra calar poco en electorado.
El Tribunal Federal
La Corte Federal de Quiebras ventila la demanda del Gobierno de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal por usurpar los poderes del estado.
A esta fecha se cumplen 66 años de Estado Libre Asociado y es ese mismo día, el 25 de julio, la Corte Federal de Quiebras ventila la demanda del Gobierno de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal por usurpar los poderes del estado para implementar su política pública. Una decisión desfavorable al gobierno hace patente el carácter pusilánime del Estado Libre Asociado como gobierno representativo, no en términos conceptuales o políticos, que siempre son motivo de debate. No, no, no, esto es en términos económicos, constantes y sonantes. Un golpe contundente a la autonomía que se otorgara y ahora se retracta. De esos golpes que podemos cuantificar y hacer un cálculo razonable del impacto en la gente, su salud, su educación y su bolsillo.
La polémica legal se lleva a cabo entre el gobierno y la Junta de Supervisión, que ha proyectado un presupuesto de $8,458 millones, $251 millones menos que el de la Asamblea Legislativa. Entre múltiples cambios y ajustes hechos al presupuesto se incluyen recortes por $345 millones: se cancelan los fondos para el bono de Navidad de los empleados públicos, y se reducen $25 millones de la Universidad de Puerto Rico y $50 millones de los municipios.
El Departamento de Educación tendrá un presupuesto menor total por $59 millones. El Departamento de Salud recibe $16.8 millones menos. Asimismo, se redujo el presupuesto del Departamento de Hacienda, del Cuerpo de Bomberos, la Policía, la Oficina del Gobernador y la Asamblea Legislativa.
El gobierno demandó al ente federal en la Corte federal aduciendo: “intentos ilegales de usurpar los poderes políticos y gubernamentales para determinar política pública y política administrativa” y “solicita que la corte establezca qué presupuesto prevalece”. Simultáneamente, la Legislatura demandó a la Junta en el Tribunal Federal, alegando que usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto y por hacer recortes por no haber derogado la Ley 80. Solicitó un “injunction” contra la implementación del presupuesto de la Junta.
la Juez Taylor Swain ha decidido escuchar las partes en la controversia, pero ¿cuándo?
La Junta contestó que “el presupuesto aprobado y certificado por el organismo federal es cónsono con el plan fiscal certificado y con el estatuto federal, y se defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del presupuesto y el plan fiscal”.
La situación es muy seria y las implicaciones de los números son concretas. La nébula de cuánto y cuándo comienza a disiparse. Al desnudo han de quedar los despidos, la reducción en servicios y las esperas. Y lo fascinante del caso es que la Juez Taylor Swain ha decidido escuchar las partes en la controversia, pero ¿cuándo?
Adivinaron, el 25 de julio de 2018. El mismo día en que se conmemoran la invasión y la Constitución tendremos de frente los argumentos de usurpación de los poderes del Estado Libre Asociado por los estadistas y la defensa de la fórmula que rechaza, como forma de sobrevivencia. Cosas veredes, my friend.
¿Coincidencia o accidente del destino? Para nada, a mi me resulta una expresión clara, contundente y deliberada. Hasta aquí llegó la ilusión; y quedará claro donde radica el poder, como se rebana el bacalao y se cortan los tomates. Burundanga, Burundanga, Burundanga.
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Copyright por José M. Umpierre. Fotos de la Constitución de Puerto Rico, el ONU y imagen de la Promesa en el dominio público. Foto de Taylor Swain y de Anayansi Rodríguez usados por el proviso “fair use” de la ley de copyright.