Burundanga de Zocotroco
PROMESA a los 5
La Promesa a cinco años.
La Ley Pública 114-187 Puerto Rico Oversight Management and Economic Stabiliy Act PROMESA, adoptada para atender la crisis fiscal de la Isla, cumple cinco años de comenzar a operar, ocasión de recuento y actualización.
Entonces
La declaración pública del gobernador de Puerto Rico del 30 de junio de 2016 que declara la Deuda Pública de 72 billones de dólares es impagable puso la Isla en el centro de un escándalo financiero de la magnitud de la de Grecia para el Unión Europea. Para los Estados Unidos es una situación de magnitud sin precedentes en el mercado de bonos municipales y los tribunales de quiebra, tanto así que las repercusiones han avivado las esferas legislativa, judicial y ejecutiva.
El Gov. Alejandro García Padilla anuncia que la Deuda Pública de 72 billones de dólares es impagable.
El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes a cargo de los territorios, primero propuso el H of R 4900 que establecía una Junta de Supervisión Fiscal; (JSF) tras meses de consulta se sometió el H of R 5278. La respuesta del Congreso Norteamericano ante una deuda pública que supera los 70 billones de dólares. El presidente Obama la firmó en la fecha limite del 30 de junio, tras un curso atropellado por Cámara y Senado para evitar una avalancha de demandas por los bonistas ante la incapacidad de pago.
El 1ro de Julio de 2016 entró en vigor la Ley Publica 114-187 Puerto Rico Oversight Management and Economic Stabiliy Act PROMESA. Poca consideración han tenido con una medida que vulnera la legitimidad del gobierno substituyendo el poder electo por uno impuesto. Fue una revocación explicita de la autonomía supuestamente concedida y un retroceso a la colonia de los primeros tiempos. El Juez Juan R. Torruella (QPD), oficial de mayor antigüedad en el Tribunal Federal de Apelaciones, decretó públicamente: “PROMESA representa el acto más denigrante, antidemocrático y colonial que se haya visto; además de ser un golpe de estado a la democracia de Puerto Rico.” La periodista Wilda Rodríguez resume: “Esta irrefutable condición colonial, resultado directo de los Casos Insulares y el régimen que legalizaron, continúa dictando el porvenir de la Isla y sus habitantes hoy. Esta es la causa, precursora subyacente y el catalítico actual de la debacle económica en que Puerto Rico se encuentra, ya que ha capacitado, si no promovido, un abuso significante y continuo por parte del capitalismo americano en detrimento de Puerto Rico y sus ciudadanos desde el primer día.”
La especulación se hizo fecunda durante el largo proceso de espera que aconteció entre la declaración de que la deuda es impagable, la conmoción federal, la ley PROMESA y la primera expresión de la Junta. La incertidumbre comenzó a disiparse y los pronósticos a confirmarse con la primera proclama. En su carta del 18 de enero de 2017, la Junta Fiscal dispuso que el gobierno debe: recortar su nomina en 900 millones de dólares, reducir mil millones al programa Mi Salud, restar 300 millones a la Universidad de Puerto Rico, reducir en 10% a las pensiones de los retirados, 400 millones a subsidios municipales e incrementar 1500 millones en los costos de los servicios gubernamentales.
Las implicaciones de estas medidas han de incrementar el despido masivo de servidores públicos y universitarios.
La gestión correctiva apunta ineludible a la pauperización de nuestras sociedad, Las implicaciones de estas medidas han de incrementar el desempleo con el despido masivo de servidores públicos y universitarios, han de redundar en la inaccesibilidad a servicios básicos de salud, particularmente las poblaciones a riesgo y necesidad, precipitan el cierre de escuelas y recintos universitarios, limitan el acceso con el alza en matricula y adentrar en mayor escasez los retirados. Un cierre de oportunidades que ha acentuado la migración, con medio millones que se han ido en los últimos 10 años. Con la pérdida de población, el estado tendrá menos posibilidades de captación, que no sea exprimiendo el bolsillo al que tiene agarre. Con grandes concesiones tributarias a los mega ricos que vengan a radicarse.
La indignación radica en que por décadas y con costos muy significativos, las determinaciones de una clase política irresponsable las han de pagar los ciudadanos (sobre todo de la clase trabajadora). Una población sin más responsabilidad que haber dado el voto a una clase política en que abundan los ineptos e irresponsables (o de invertir prestando dinero en bonos del estado)
Lecciones aprendidas
Las circunstancias obligaron a un curso forzoso en economía. Así aprendimos que la Deuda Pública está en el por encima de los 70 mil millones, sin contar la de los municipios y corporaciones públicas que se añaden. Sufragar el desarrollo cogiendo prestado comenzó con la autonomía fiscal que le adjudica la Constitución del 1952, cuando las finanzas comenzaron incrementar su importancia en la ecuación económica..
Se comenzó a emitir deuda en la década de los setenta, cuando el modelo de desarrollo de Operación Manos a la Obra comienza a dar señales de insuficiencia.
Aprendimos que por primera vez se comenzó a emitir deuda para atender el déficit operacional en la década de los setenta, cuando el modelo de desarrollo de Operación Manos a la Obra comienza a dar señales de insuficiencia. Desde entonces, todas las administraciones han añadido a la deuda. Tarde descubrimos que una parte sustantiva de esa deuda se emitió en circunstancias nebulosas, que una buena parte de ella puede ser ilegal y que un decreto de ilegalidad presupone la fijación de responsabilidad.
Sabemos que hay tanta gente con las manos sucias (y la consciencia tranquila) que ejercen su poder para permanecer impunes. Sabemos que la Ley PROMESA y la Junta Fiscal son la confirmación del dominio por decreto, opuesto al espíritu igualitario de la democracia.
La manifestación del 1 de mayo del 2017 fue multitudinaria; docenas de miles caminaron ante la arbitrariedad y el abuso de las medidas de recortes, particularmente a la Universidad. Y fue lamentable que tuviese un desenlace de confrontación que confirma el carácter ascendente del conflicto. El estado recrudeció la represión modificando leyes y estatutos para limitar la expresión y castigar con severidad a los violadores.
La vida isleña tomo un giro inesperado por causas naturales; los azotes de Irma y María en 2017, los temblores del 2020 y la pandemia que todavía ronda. Fenómenos que obligaron a redefinir los sustantivo y lo inminente ante la cantidad de vidas perdidas y la magnitud del daño a la propiedad. Atender la urgencia alteró las prioridades crediticias y el asunto de gobierno se enfocó en la recuperar de la devastación, con un sistema federal soltando recursos a cuentagotas gracias a la reputación de corruptos que se nos adjudica y la saña con que se administro en los tiempos de Trump.
La vida isleña tomo un giro inesperado por causas naturales como los azotes de Irma y María en 2017.
En el transcurso de ese tiempo se levanto un cuestionamiento jurídico sobre la naturaleza de los nombramientos y el Tribunal Supremo dijo que “nonines”. Los miembros de la Junta son empleados federales que no tienen que pasar el escrutinio del Congreso. Otra manifestación tácita de que al Supremo eso de la violación de derechos en el territorio no es tema crucial. Igual vivimos el Verano del 2019 en que por primera vez se obliga la renuncia del un gobernador electo, se atraviesan una elecciones con la participación electora mas baja de la historia y prevalece la estadidad en un plebiscito con 52% de los electores a favor y 48% en contra. Se amplio el espectro político con la incoporacion de representación legislativa de partidos nuevos y recientes que contribuyen a la complejidad de la Burundanga.
Ahora
El Centro de Nueva Economía, con motivo de la conmemoración de los cinco años de la adopción de la Ley PROMESA, tras de seguir con detenimiento la ejecutoria de la Junta de Supervisión Fiscal, emite la siguiente valoración
La ley federal Promesa ha sido más un agravio a los derechos civiles de los puertorriqueños y a su orden político, que una solución a sus problemas fiscales y económicos. Al completarse el primer lustro desde que el presidente Barack Obama dio a Puerto Rico, un mecanismo en ley para reestructurar sus obligaciones financieras, el gobierno territorial no ha avanzado sustantivamente en ninguno de los mandatos provistos en la ley federal.
Promesa ha lacerado, posiblemente, de manera irremediable, instituciones de gobierno como la Universidad de Puerto Rico.
En lugar de que se subsanaran los retos fiscales y económicos de la isla, Promesa estableció en Puerto Rico “una Troika tropical” que, al cabo de cinco años, se ha convertido en una fuente de contratos para asesores y consultores; ha resultado en costos legales astronómicos y ha lacerado, posiblemente, de manera irremediable, instituciones de gobierno que serían claves para la recuperación como la Universidad de Puerto Rico.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) estimó que los costos de la reestructuración de Puerto Rico rondarían $370 millones entre los años fiscales 2016 a 2026. La JSF estima gastos en asesores legales y financieros ascendentes a $1,500 millones. Puerto Rico está a punto de convertirse en una de las quiebras municipales más caras de la historia.
Aproximadamente dos terceras partes (2/3) de la deuda en bonos no se ha reestructurado; no se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico; los estados financieros auditados todavía tienen tres años de atraso; el cambio a presupuestos sobre una base de contabilidad de acumulación (o devengo) modificada es un trabajo en proceso; y el presupuesto del gobierno todavía está desequilibrado. A excepción de la suspensión de litigios contra el gobierno y de cuatro años sin pagar a los bonistas, Puerto Rico no ha conseguido nada sustantivo.
Puerto Rico está a punto de convertirse en una de las quiebras municipales más caras de la historia.
La Junta de Supervisión Fiscal ha insistido en imponerle a Puerto Rico una camisa de fuerza con una política de austeridad, similar al (Fondo Monetario Internacional) FMI sin brindar ninguno de los escasos beneficios que suelen acompañar a los programas de condicionalidad del FMI. El organismo fiscal no ha logrado avanzar en ninguna de las condiciones necesarias para que cesen sus funciones.
En estos tiempos de diversidad y opinión, no dudo que otros que lo ven distinto. Esta posición, sin embargo, cuenta con la métrica de su contabilidad y a este Zocotroco se le antoja como creíble. Y si resultan preocupantes sus conclusiones, mas me asusta la determinación de la Juez Taylor Swain ante el curso de la controversia.
“Divúlguese la existencia de propiedades reales que sean propiedad del gobierno de Puerto Rico y sus entidades (ya que) los acreedores se proponen levantar en la confirmación (del Plan) el asunto de si esas propiedades deben monetizarse según la Ley de Cumplimiento del Plan Fiscal, y si son monetizadas, si los ingresos de la venta de esas propiedades deben hacerse disponibles para pagar a los acreedores”.
En tiempos recientes de la venta del hemos sido testigos de la venta del patrimonio al mejor postor a precios de desesperación. Una orden judicial como ésta, al menos para mi mente delirante, significa la confirmación de que aquí no queda santo con cabeza y que los bienes de la patria están en el mercado. Eso, con la penalización a las instituciones que levantan bandera por nuestra identidad como cultura, significa un atentado contra nuestra etnia y luce como un esfuerzo concertado para reducirnos a ser un reguerete de gente, más fácil de gobernar.
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Copyright 2021 por José M. Umpierre. Logo de PROMESA y imagen del anuncio de Alejandro García Padilla usado bajo “fair use” de la ley de copyright. Los demas fotos en el dominio público.