El exsecreatario de Hacienda y director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto denunció una “mafia institucional” al FBI.
El escándalo más reciente en la vida Boricua es la colaboración del Secretario de Hacienda y Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto con el FBI, Institución Federal a la que presenta denuncias de una “mafia Institucional” con acceso a información confidencial, a cargo de la venta de influencias, adjudicación fraudulenta de licencias, destrucción de documentos, borrar deudas y cobrar favores. El hombre que disfrutaba de la mayor confianza del gobernador, el custodio de los dineros del pueblo de Puerto Rico, el que sabe lo que entra, lo que sale y a quién, todos estos asuntos de la mayor confidencialidad. El oficial de gobierno a cargo del tesoro fue a los federales antes de ir a su jefe, a denunciar las irregularidades, con señalamientos igualmente graves de extorsión.
La respuesta del gobernador fue tan inmediata como fulminante con la destitución del funcionario. El asunto, delicado de por sí, que había sido señalado con anterioridad por una ex secretaria, toma un giro a peor cuando el hijo del despedido ocupa los medios para acusar al gobernador de corrupto. La policía interviene y el Departamento de Justicia convoca, lo que activa los civilistas y se complica la burundanga.
Benjamín Torres Gotay en su columna Las Cosas por su Nombre tilda el episodio como: “una crisis institucional de proporciones monumentales que pone bajo sospecha el funcionamiento del estado como garante del bien común y el orden social.” Y yo me pregunto si una adscripción tan categórica sirva para que perdure su relevancia, en virtud de que los escándalos han perdido su sensacionalidad al convertirse en asuntos cotidianos.
La corrupción no es nueva ni exclusiva, se ha visto en todos los tiempos y todos los lugares. Media en cualquier lugar que existan recursos y codicia; si es mucho, más incita. La corrupción en Puerto Rico toca pasarse por un número de cedazos explicativos. El caso nuestro ha sido cuidadosamente examinado y expuesto por Antonio Quiñones Calderón en su libro Corrupción e Impunidad en Puerto Rico: La Caída Moral de Líderes Políticos y Funcionarios Públicos; una crónica del fenómeno en la isla desde 1900.
La corrupción en Puerto Rico ha sido documentado por Antonio Quiñones Calderón en su libro.
Resulta claro que la corrupción no comenzó en 1900 y que la colonia española tuvo excedentes de ello. Es bien sabido que la menor de las Antillas Mayores estuvo sujeta al abandono de la metrópolis, que los gobernadores nombrados lo reconocieron como recompensa a una labor militar y daba la oportunidad de enriquecerse. También es bien sabido que el abandono comercial y la carencia de bienes se suplió desde siempre con el contrabando, que forma parte del tejido moral que nos llega por la sangre y la costumbre.
En el recuento histórico de la corrupción desde la ocupación norteamericana, resulta curiosa la omisión del primer gobernador civil del país; Charles H. Allen instauró la corrupción desde la mismísima Fortaleza, nombró más de 600 alcahuetes que le hicieran la tarea de entregar la Isla a los intereses financieros, dando paso al saqueo de azúcar que no tardó en convertirlo en barón del oro blanco.
El primer gobernador acusado de corrupción en 1922 fue Montgomery Riley. Se le imputó usar fondos públicos para pagar cuentas privadas de su sostenimiento y su manutención, pagar los gastos de una comisión suya en viaje no oficial a Washington y a una excursión de amigos y adeptos a varios pueblos. DMoncho Reyes logró salirse con la suya comenzando a abonar al historia de impunidad que pesa en nuestra historia. Mucho ha llovido desde entonces y el saqueo no ha cesado, ha tomado nuevas modalidades.
Charles H. Allen instauró la corrupción desde el pricipio.
Las formas de corrupción están definidas y han sido documentadas en los parámetros disponibles para medir su magnitud así como en el manejo judicial de los casos atendidos. Incluye: manipulaciones financieras e irregularidad en planillas y evasión contributiva, fraude, extorsiones, malversación de fondos, despilfarro, lavado de dinero, reclamaciones falsas, apropiación ilegal, robo de propiedad, alterar o falsificar cheques, falsificación de facturas, compensación por gastos ficticios, contratación por servicios profesionales.
Entre el 1993 y 2000 se estima se perdieron $3,339 millones en extorsiones malversación y despilfarro, 417 millones al año. El FBI estimó el total de la corrupción el 2009 en $860 millones, y la cifra se ha duplicado en los últimos 10 años. Hacienda estima que deja de ingresar entre $700 a $900 millones por evasión contributiva. Y son frecuentes los escándalos en torno a Medicare y las Becas Pell; enredos que hacen sombra sobre los departamentos de Salud, Educación y a la aseguradora de Salud del gobierno, los que cuentan con los presupuestos más abultados y de mayor dependencia en fondos federales. Quiñones Calderón reporta que de 1990 a 2000 se acusaron 2750 servidores públicos, 1660 se encontraron culpables: 38% alcaldes, 18% representantes, 16% jefes de agencia y 10% senadores.
Y me pregunto yo cómo es posible que, con toda la visibilidad y prominencia que tiene la corrupción, que existen más de 200 leyes que la proscriben, que es un tema obligado de campaña y titular de diarios tan frecuente, hay los que aún se atreven. Conlleva una dosis extraordinaria de temeridad, osadía y un cinismo que debería ser delito. Saber que todo el mundo está velando, que atravesamos un momento catastrófico y hacerlo de todos modos es una emoción morbosa y torpe que merece la intolerancias más categórica y la censura más enérgica.
A pesar de la visibilidad y prominencia que tiene la corrupción, existen más de 200 leyes que la proscriben.
Lo que resulta perverso es que se trate de fondos públicos asignados a la salud, la educación y el bienestar de la población. Requiere una codicia por encima de la honestidad y la prudencia, el afán desmesurado del dinero fácil. Requiere el grado más exaltado de soberbia, la convicción de impunidad: “no me van a coger porque yo si sé hacerlo”. Lo alimentan los amigos o conocidos que se han salido con la suya, que son muchos.
Pienso que el calor del trópico y el mal ejemplo contribuyen a una laxitud ante la ley de Dios y de los hombres que nos hace tolerante a los pecadillos y condescendiente con los pecados. Y es natural que se aplique el ay bendito al oprimido, lo que resulta incomprensible es que se adjudique compasión al corrupto. Porque aquí coge por todo el mundo y la lástima se le extiende a los rufianes. El lucro es rey, el mercado dicta las normas y el desgobierno es una invitación, si no una provocación para el listo, diestro en malas mañas. Los demás, pues que arríen como puedan, que esto es el juego del más apto. Una muestra más del capitalismo descarado en la condición política que lo viabiliza.
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Copyright 2019 por José M. Umpierre. Logo del FBI y foto de Charles Allen y la Consitutcion de Puerto Rico en el dominio publico. Imagen de la portada del libo Corrupción e Inpunidad en Puerto Rico usado bajo “fair use” proviso de la ley de copyright.